Reseña original en inglés publicada en International Labour Review 164 (3). Traducción de Marta Pino Moreno. Traducida también al francés en Revue internationale du Travail 164 (3).
Se han vertido ríos de tinta sobre la llamada «crisis social»1 de la Unión Europea (UE), fenómeno descrito en 2012 por Nicola Countouris y Mark Freedland como «un proceso de desmutualización de los riesgos relacionados con el trabajo [que] está minando gravemente los logros sociales que tanto ha costado conquistar y que la legislación social nacional —como la propia política social europea— en su momento aspiró a garantizar».2 Sin embargo, la proclamación en 2017 del pilar europeo de derechos sociales, que anunciaba un renovado impulso hacia mejores condiciones de trabajo y de vida en toda la UE, fue para algunos un motivo de un cauteloso optimismo. A pesar de la preocupación por la probable respuesta de la UE a los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, el optimismo se avivó con la reciente introducción de nuevas políticas del mercado laboral de la UE, desde una nueva Directiva sobre el permiso parental,3 hasta una Directiva sobre unos salarios mínimos adecuados4 y una nueva Directiva sobre las condiciones laborales en el trabajo en plataformas.5
No obstante, y a pesar de las promesas del pilar social europeo, en toda la UE sigue habiendo muchas personas en riesgo de pobreza laboral o afectadas por este problema, debido a un cúmulo de circunstancias como la modalidad contractual, la situación familiar y/o factores sociodemográficos. Es decir, hay muchos casos de «personas vulnerables e infrarrepresentadas» (según la terminología utilizada en Working Yet Poor) que no pueden hacer realidad las expectativas inherentes a su condición formal de ciudadanos de la UE.
En las contribuciones a esta obra se trata de diseccionar y explicar esta paradójica situación, proponiendo soluciones y desgranando los factores que generan riesgos de pobreza laboral y que, en última instancia, fragmentan y menoscaban la realización efectiva de los valores y derechos asociados a la ciudadanía de la UE. El análisis se enfoca desde la perspectiva de las experiencias y posiciones de cuatro grupos de personas «vulnerables e infrarrepresentadas»: los empleados poco o nada calificados; los trabajadores independientes o falsos autónomos; las personas con un empleo «flexible»; y los trabajadores ocasionales y de plataformas digitales. Estos grupos, a los que tradicionalmente se considera outsiders —o incluso víctimas— de las políticas nacionales de legislación laboral, se distinguen de otras categorías no solo por su situación laboral, tipo de contrato o características sociodemográficas, sino también por el contexto social e institucional distintivo en el que están inmersos. En esta obra colectiva se atribuye una gran importancia a dicho contexto para entender algunos de los problemas asociados al concepto de pobreza laboral y a las políticas conexas.
El afán de situar la pobreza laboral en un contexto más amplio ayuda a apuntalar la conexión entre ese tipo de pobreza, que afecta a la población ocupada, y los debates más generales sobre la ciudadanía de la UE. Enfocar el fenómeno desde esta perspectiva, enmarcándolo en un debate relativo a la forma de entender la relación entre lo social y lo económico, nos permite reconceptualizar la pobreza laboral como un síntoma y no un diagnóstico, como una «señal de advertencia de que el contrato social vigente sencillamente no funciona», lo que «al mismo tiempo sirve para orientar la fundamentación de los derechos sociales» (116).
Desde esta perspectiva constructiva, holística y contextualizada de la pobreza laboral, en los capítulos 6–11 se abordan varias propuestas de política concebidas como respuestas inmediatas y directas a la pobreza laboral y, al mismo tiempo, como elementos de una estrategia más amplia para revitalizar y reconstruir la ciudadanía de la UE sobre una base más social. En el capítulo 8, por ejemplo, Ramón Peña-Casas, Dalila Ghailani y Korina Kominou abogan por una integración del problema de la pobreza laboral en todas las políticas de la UE, de forma que, cuando los responsables políticos «diseñen, apliquen y supervisen las políticas de ámbito nacional y europeo, se tenga en cuenta su incidencia en [la pobreza laboral]» (196). De este modo, la pobreza laboral se concibe a la vez como un indicador indirecto de un déficit social más amplio en la UE y como un mecanismo inicial que propicia un proceso más «holístico» e integrado de transformación institucional, necesario para remediar el profundo malestar social del que la pobreza laboral no es más que un síntoma.
Además de contextualizar y articular problemas como la pobreza laboral, el libro establece rigurosamente la premisa, desarrollada con mayor claridad en la contribución de Luca Ratti, de que muchos de los factores que predisponen a determinados grupos de trabajadores a la pobreza son producto, al menos en parte, de leyes concretas (las que pretenden abordar esos riesgos) y de formas concretas, a menudo deliberadas, de inacción estatal (252). En vez de atribuir las causas a políticas o marcos jurídicos específicos, Ratti concibe la pobreza laboral como el resultado de políticas que operan en un contexto más amplio de profundas alteraciones institucionales y socioeconómicas y que, en su conjunto, han contribuido a establecer un entorno favorable al surgimiento y la proliferación del fenómeno, a su economización y objetivación, y a su desigual distribución en la UE. Esta premisa se amplía de forma productiva en la reflexión de Paul Schoukens, Alexander Dockx y Eleni De Becker sobre el estado del bienestar oculto, en la cual, además de abordar diferentes instituciones y aspectos de la política estatal que determinan fundamentalmente las implicaciones de la formulación de políticas de la UE para los grupos vulnerables, se plantean interrogantes sobre la relativa desatención de la UE a esas políticas.
El reconocimiento de la función compleja y ambigua de la legislación en esta materia, al contribuir en parte a la génesis de la pobreza laboral, justifica el enfoque holístico que el libro adopta ante el problema y la insistencia en la necesidad de una transformación institucional profunda, más allá de los ajustes tangenciales de políticas concretas. La legislación participa en las relaciones de poder de género que, como exponen Marta Capesciotti y Roberta Paoletti en el capítulo 4, sustentan y condicionan profundamente la dinámica y la distribución de la pobreza laboral en la práctica. Desde un punto de vista más constructivo, este enfoque también permite a los autores examinar no solo los objetivos sino también el proceso para alcanzarlos, entre otras cosas mediante un análisis detallado de la función que deben desempeñar diversos actores sociopolíticos —los interlocutores sociales y un amplio espectro de grupos de la sociedad civil— al dirigir un proceso ascendente de transformación institucional o, como se indica en el capítulo 8, «una convergencia hacia “pactos sociales” cimentados sobre una base integral, consensuada y legítima» (204).
En el libro se hace una excelente labor de deconstrucción de las narrativas dominantes en torno a la pobreza laboral, vinculando esta última con debates más amplios sobre la naturaleza de la UE y sobre el sentido y las implicaciones de la ciudadanía europea en la actualidad. Se explora un campo muy amplio, analizando en profundidad diversas políticas que inciden en la pobreza laboral y ayudan a constituir la esencia de la ciudadanía de la UE. Además, se ofrece una estimulante visión de futuro, habida cuenta de que el contexto socioeconómico en el que operan hoy las políticas del mercado laboral difiere radicalmente del de épocas anteriores. Así pues, más que intentar revivir una «edad de oro» perdida de la política social europea, en el libro se pretende construir un nuevo marco adecuado a las realidades del capitalismo moderno, señalando el camino hacia una estructura institucional en la que puedan abordarse tales consideraciones.
Sin embargo, uno no puede sino lamentar el enfoque excesivamente despolitizado de esta obra. Por ejemplo, Mijke Houwerzijl afirma en el capítulo 3 que «los mercados de trabajo europeos se han desarrollado en una línea que contrasta claramente con la aspiración de una convergencia social ascendente» (53), como si los procesos de desindustrialización, globalización, descolectivización de las relaciones laborales —y la consiguiente fragmentación del trabajo— surgieran como una desgraciada evolución natural, independiente del proyecto político neoliberal del que son expresión y al que también han contribuido. Ratti sostiene que el «derecho del trabajo emana del industrialismo» (251), pero este último no puede ni debe abstraerse de la lógica y la evolución del sistema capitalista y de las relaciones de poder que lo conforman.
Del mismo modo, aunque Ane Aranguiz observa que «en los orígenes de la UE no se concibió una dimensión social para lo que entonces era la Comunidad» (97), en realidad no se indagan los intereses que subyacen a este enfoque de la UE, o a su ulterior remodelación y perfeccionamiento en las sucesivas fases de acción política. Así, cuando los autores abogan por una nueva forma de ciudadanía europea más social, eluden los obstáculos políticos, y no solo jurídicos, que se oponen a su realización, y la posibilidad de que una concepción más social de la ciudadanía se desvirtúe en aras de intereses particulares.
En definitiva, la divergencia conceptual acerca de la ciudadanía de la UE no es un simple resultado de ideas e ideologías contrapuestas. Esas ideas e ideologías son en sí mismas una manifestación de conflictos de intereses subyacentes, profundamente imbricados en la estructura y la lógica del capitalismo, a cuya mediación y perpetuación la UE siempre ha contribuido de forma primordial.
Esta observación es importante porque entraña consecuencias de gran calado no solo para lo que se puede lograr en el marco de la UE, sino también para la manera de lograrlo y las repercusiones más generales en otras luchas emancipatorias de mayor alcance. Aunque Ratti y otros autores aciertan al subrayar que las condiciones en que ha surgido y proliferado la pobreza laboral surgen de la legislación y la política, se equivocan al dar por supuesto que la contribución de estos factores es puramente contingente y que, por lo tanto, puede evitarse o remediarse. La propia legislación contribuye a una abstracción de la economía que está en el origen del déficit social de la UE, y las políticas del mercado laboral siempre contribuyen de forma compleja a la estabilización, legitimación y reproducción del propio sistema en el que la pobreza laboral surge como un problema intrínseco.
Eso no significa que no se deba estudiar la posible utilidad de la legislación y el marco institucional de la UE para mejorar las condiciones de ese sistema, con el fin de crear una forma de ciudadanía de la UE «más social». No obstante, es imperativo analizar seriamente el funcionamiento y la imbricación de la UE y la ciudadanía de la UE en la estructura y la lógica del sistema al que debe enfrentarse cualquier proyecto emancipador. Por lo tanto, se han de idear estrategias para evitar o mitigar los riesgos, nada desdeñables, de que los esfuerzos de los actores sociales se desvirtúen hasta un punto que obstruya sus objetivos y la realización de las transformaciones sociales necesarias para apoyar, en la práctica, una ciudadanía verdaderamente social.
Zoe Adams
University of Cambridge
Notes
- Nicola Countouris y Mark Freedland, eds., Resocialising Europe in a Time of Crisis (Cambridge: Cambridge University Press, 2013). ⮭
- Anuncio de la conferencia Resocializing Europe and the Mutualization of Risks to Workers, 18 a 19 de mayo de 2012 (citado en Judy Fudge, «The Way Forward for Social Europe: How Do We Get There from Here?», Modern Law Review 77, núm. 5 (2014): 808-822, 809). ⮭
- Directiva 2010/18/UE del Consejo de 8 de marzo de 2010 por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE. ⮭
- Directiva (UE) 2022/2041 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea. ⮭
- Directiva (UE) 2024/2831 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2024 relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas. ⮭